Segestión: Telefónica gana un concurso de la AEPD

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Telefónica es la empresa más sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos y, por tanto, la que más infringe la LOPD. Sólo en 2012 el gigante de las telecomunicaciones acumuló cerca de 120 expedientes sancionadores y más 200 multas por valor superior a 7 millones de euros. Sólo en un mes, en julio de 2012, Telefónica Móviles fue objeto de 8 sanciones.

Ante tal pandemónium de cifras, uno puede pensar que hay que buscar la causa en la gran cantidad de servicios prestados por Telefónica y en la dificultad que supone el tratamiento de datos de millones de clientes sin cometer errores; pero no podemos perder de vista que las normativas en materia de protección de datos llevan ya 20 años implantadas en España, y que su cumplimiento no supone mayor esfuerzo que el control general del personal con respecto a sus obligaciones laborales. Valga decir que precisamente este pasado 28 de Enero (coincidiendo, por tanto, también con el Día Europeo de la Protección de Datos) la AEPD organizó una jornada especial para conmemorar los 20 años de protección de Datos en España, que contó con la intervención de varias personalidades vinculadas al sector (el Ministro de Justicia, Directores de la AEPD y magistrados). Por todo ello, que Telefónica no cumpla con sus obligaciones de privacidad y no tenga debidamente implementados los procedimientos en materia de protección de datos no es algo que resulte del todo comprensible.

El poco cuidado que ha demostrado Telefónica en el cumplimiento de la LOPD no ha sido óbice para que se presentara a una licitación pública organizada por la propia AEPD con tanta “suerte” que, finalmente, por increíble que parezca, se haya adjudicado el contrato, de dos millones de euros. Entre otros servicios que Telefónica deberá prestar a la AEPD está el ofrecer una solución de almacenamiento y seguridad de los datos de la Agencia. Perdonen si la comparación es exagerada o improcedente, pero sería algo así como si Hacienda adjudicara un contrato público para el control de posibles evasores fiscales a empresas de Luis Bárcenas o Iñaki Urdangarín.

En suma, parecería razonable que, con tal de no degradar todavía más la imagen de ciertos sectores y poderes públicos, se exigiera a aquellos que trabajan con la Administración unas ciertas garantías de honestidad o, por lo menos, de apariencia de honestidad (ya saben, la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino que además tiene que parecerlo); más que nada, para que no se den situaciones como la de Telefónica, a la que la AEPD primero sanciona por no prestar unos servicios correctamente, pero después, paradójicamente, contrata precisamente esos mismos servicios, lo cual, se mire por donde se mire, resulta como mínimo sorprendente.

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